¿Quieres comprar los libros de Luis Celaá?

Libros de Luis
Pon tu la dedicatoria

Registro en Safe Creative

Safe Creative #1501290156808 329cbb4b-18b8-3553-86d7-4d84d252b798

Traductor / Translate

Mostrando entradas con la etiqueta desahucios. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta desahucios. Mostrar todas las entradas

domingo, 26 de noviembre de 2017

"España desoye un dictamen de la ONU que le insta a evitar desahucios de familias vulnerables" por eldiario.es

España está desoyendo las propuestas realizadas por el Comité de de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU para prevenir violaciones de derechos humanos en los desahucios de familias en riesgo de exclusión social, así lo denuncian diversos colectivos sociales que se han agrupado para vigilar cómo va a cumplir el Estado con el dictamen que se publicó el pasado mes de junio.
España contaba con seis meses de plazo para responder por escrito con las medidas que "haya tomado en vista del dictamen" del Comité. El periodo vence el próximo 4 de enero y el Ejecutivo todavía no ha respondido a la ONU, así que aprovechando que falta poco más de mes para llegar a esa fecha, varias organizaciones se han reunido para explicar que se continúan ejecutando desahucios sin tener en cuenta si las familias tienen alternativa habitacional y que España está incumpliendo las recomendaciones. 
Para recabar más información han remitido una queja al Defensor del Pueblo para conocer si el Gobierno ha tomado alguna decisión. Recuerdan que en el segundo trimestre del año fue se ejecutaron 16.859 lanzamientos hipotecarios o desahucios practicados.
El Comité concluyó que el desahucio de la familia del denunciante, Mohamed Ben Djazia, "constituyó una violación de su derecho a la vivienda adecuada" por no garantizarle una alternativa habitacional. Este ciudadano de nacionalidad argelina y residente en el madrileño barrio de Tetuán fue desahuciado por impago de alquiler en 2013 y pasó cuatro días durmiendo en un coche junto a su mujer y sus hijos, que por aquel entonces tenían 8 meses y 2 años.
Su abogado, Javier Rubio, denunció al Estado ante este organismo, ya que Ben Djazia no obtuvo ninguna alternativa, a pesar de que lo solicitó por "especial necesidad". Y llevaba desde 1999 pidiendo una vivienda pública al Ayuntamiento y a la Comunidad de Madrid. El mismo año en que se produjo el desahucio, el Gobierno de Ignacio González vendió vivienda pública a fondos buitres. Esta transacción no pasó desapercibida para los representantes internacionales y afearon que no se explicase por qué tomaron esta decisión.

España incumplió un pacto suscrito

En el dictamen, este organismo no se limitó a opinar sobre el caso particular denunciado, sus representantes también realizaron unas recomendacionesgenerales al considerar que España "tiene la obligación de prevenir" casos similares en el futuro. Por lo tanto propusieron que se adoptasen medidas legislativas o administrativas para que los jueces valoren si los lanzamientos son compatibles con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, suscrito por nuestro país.
Desde el Comité concluyeron que España debería mejorar la coordinación entre juzgados y servicios sociales para evitar que personas vulnerables se queden sin vivienda adecuada, que los desahucios que afectan a este colectivo no se produzcan sin que se haya explorado el "máximo de sus recursos disponibles" para evitarlos y que se elabore un plan entre comunidades autónomas y Estados para "garantizar el derecho a la vivienda adecuada de personas con bajos ingresos". Ni la ONU ni el Gobierno no ha aclarado a eldiario.es si el Estado ya ha respondido.
Este grupo de seguimiento está conformado por algunas organizaciones en defensa de los derechos humanos como Amnistía Internacional, la Federacion Europea de Asociaciones Nacionales que trabajan con Personas Sin Hogar (FEANTSA), Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Observatori DESC o la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM).

Madrid admitió el dictamen

El abogado que ha defendido al denunciante, Javier Rubio, recuerda que por ahora solo tienen constancia de una institución que haya utilizado este dictamen para paralizar desahucios, el Ayuntamiento de Madrid. El pasado mes de agosto  el Gobierno de Manuela Carmena paralizó los desahucios de las viviendas de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS).
En las conclusiones de este organismo de la ONU, también se reseñó que el Estado tiene la "obligación de proporcionar a los autores una reparación efectiva" entre las que incluye una "compensación económica por las violaciones sufridas". El letrado del denunciante asegura que en estos cinco meses ningún representante español se ha puesto en contacto con él para preguntarles por esta indemnización.
Mohamed, el refugiado que ha denunciado a España ante la ONU / OLMO CALVO
Mohamed, el refugiado que ha denunciado a España ante la ONU / OLMO CALVO
Desde el Observatori DESC, su presidente, Marco Aparicio reseña la importancia de realizar un seguimiento a este caso ya que lo considera un "litigio estratégico" porque cuenta con elementos para "ejemplificar" miles de situaciones similares. "¿Qué nos queda? Presionar a las administraciones para que se asiente este dictamen como criterio para evitar que los desahucios se produzca", incide Aparicio.
Por su parte, Sonia Olea, la portavoz de Feantsa asegura que el Estado va a "intentar convencer" a estos colectivos de que el dictamen emitido por el Comité no es una sentencia. "El protocolo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales [ratificado por nuestro país en 2013] es de obligado cumplimiento", reseña Marta Mendiola, responsable de derechos sociales de Amnistía Internacional. Además, aseguran que el incumplimiento de estas conclusiones no acarrea ninguna sanción para el Estado.
"En este trabajo de seguimiento nos vamos a encontrar dificultades. El Gobierno español sigue con la dinámica de que de Naciones Unidas solo llegan recomendaciones o criterios a seguir. Esto es un dictamen y es como una sentencia", reconoce Olea. Amnistía Internacional propone al Ejecutivo que incluya algunas de las conclusiones del documento emitido por el organismo de la ONU en la modificación de Ley de Enjuiciamiento Civil, que se ha llevado al Congreso. "Se podría introducir la coordinación entre juzgados y servicios sociales para garantizar una vivienda alternativa", responde Mendiola.
Estos colectivos también abogan por que la judicatura española comience a legislar la vivienda como un derecho fundamental, apoyándose así en este protocolo internacional. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) también valora de forma positiva este dictamen, al considerar que "abre puertas esperanzadoras" y explican que la Ley de Vivienda que están promoviendo es el "mejor camino para cumplir" con este fallo internacional. El Partido Popular ya ha mostrado su negativa a tramitar esta propuesta con la que pretenden paralizar desahucios, garantizar los suministros básicos y la dación en pago retroactiva.
Para contextualizar esta causa a nivel internacional, la portavoz de Amnistía Internacional recuerda que España cuenta con uno de los porcentajes de vivienda social más bajos de la Unión Europea, un 1,1% sólo superado por Grecia y lejos de otros como Holanda (32%), Austria (23%), Reino Unido (18%) o Francia (17%).
Por El Diario.es

domingo, 7 de junio de 2015

Los desahucios siguen aumentando pese a la lucha solidaria de miles de personas



 El número de desahucios por el impago del alquiler o la hipoteca de la vivienda sigue registrando cifras récord, según datos publicados hoy. Los desahucios llevan creciendo desde 2007, cuando comenzó la crisis. En el primer trimestre de 2015 se produjeron 18.869 desahucios, lo que supone un aumento del 2,1% respecto a los tres primeros meses de 2014, según consta en un informe sobre los efectos de la crisis difundido por el Consejo general del poder judicial. De ellos, 9.917 desahucios se ordenaron por el impago del alquiler y 8.178 por impago de la hipoteca. Entre 2013 y 2015 los juzgados ordenaron 154.000 desahucios.

domingo, 29 de marzo de 2015

"¿Qué pasa con nuestros políticos?" por Luis Celaá Gómez








viernes, 4 de abril de 2014

Otra persona se suicida tras perder su casa; Santiago colaboraba con la PAH


Un hombre de 52 años decidió acabar con su vida este miércoles tras la amenaza de que su casa fuera embargada por los bancos españoles; tal y como le ha sucedido en los últimos años a decenas de ciudadanos en ese país, a quienes se les ha dificultado el pago de la hipoteca producto de la crisis económica que azota a la nación.
La información fue dada a conocer por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) a través de un diario local, en la cual explican que el hombre divorciado y padre de dos hijos "ha decidido no sufrir más" después de varios meses de depresión, tras empezar el proceso de desahucio.
El fallecido contactó con la PAH hace algunos meses y pidió ayuda para intentar solucionar su deuda hipotecaria con el banco. Pese a que las negociaciones con la entidad sobre la dación en pago "estaban bien encaminadas", el afectado no pudo superar la situación.
El número de suicidios en España se ha incrementado desde 2008 debido principalmente a la crisis económica que afecta a esta nación europea la cual se ha visto refleja en el número de personas -mayormente jóvenes- que deciden quitarse la vida después de que sus casas fueran embargadas por los bancos españoles.
A diario unas 500 familias españolas tienen el riesgo de perder sus hogares tras los constantes desahucios que se ejecutan en el país para privar al inquilino del uso de un inmueble por la falta de pago de la renta o cualquier otro incumplimiento contractual; mientras que 3,4 millones de casas en España están vacías, pues la mayoría se encuentran en manos de bancos y promotores.
Según el censo realizado en el año 2011 por el Instituto Nacional de Estadísticas, en la ciudad de Andalucía existen 63 mil 221 viviendas sin ocupar, mientras que en Valencia la cifra es de 505 mil 029 casas y en Cataluña el número alcanza las 448 mil 356 viviendas.
La paradoja es que hay más viviendas vacías cuando muchos españoles se enfrentan a un desahucio. Son viviendas hechas por promotores que no han conseguido venderlas. En este contexto la PAH aseguró que la sociedad está "organizada por un sistema económico que quiere enriquecerse a costa de la sangre y vidas de todos".

LA P.A.H. Llama a toda la ciudadanía para que se manfieste hoy, viernes, a partir de las 20 horas en Sol. ¡¡Basta de suicidios y de desahucios!!

domingo, 2 de febrero de 2014

Persiguen y apedrean a la policía tras el desahucio de un hombre con discapacidad

- Vecinos del barrio madrileño de Lavapiés persiguen a pedradas a los antidisturbios de la policía local después de cargas policiales tras el desahucio de Antonio, un enfermo crónico con discapacidad total. Dos fotoperiodistas, la mediadora y el mismo desahuciado fueron detenidos.


- A las 7:20 de la mañana, los antidisturbios de la policía municipal de Madrid acordonaron la calle Tribulete para ejecutar el desahucio de Antonio Argobia, enfermo crónico de 54 años con incapacidad total. Permitiendo solo el paso a comerciantes y vecinos previa verificación de domicilio mostrando su DNI, se adelantaban así en más de una hora a la convocatoria Stop Desahucios que pretendía impedirles el acceso al portal. Siguiendo instrucciones de los funcionarios del juzgado, los antidisturbios entraron, sin ninguna negociación previa, a la vivienda de Argobia rompiendo la puerta a golpe de ariete, deteniendo acto seguido a J.A., mediadora de Stop Desahucios, a A.K. y R.G., fotoperiodistas que se encontraban trabajando para las agencias Associated Press (Estados Unidos) y Nur Photo (Italia), respectivamente, y al propio desahuciado.

La policía rompe la puerta de Antonio para ejecutar el desahucio. (Fotografía Rodrigo García)
Pasada la una del mediodía los antidisturbios retiraron el dispositivo, cargando sin previo aviso contra los vecinos y manifestantes que se encontraban sentados, protestando, en la calzada. No hubo más detenciones pero las agresiones policiales provocaron, además de varios manifestantes heridos, el enfado de la multitud que terminó cargando contra la policía, lanzándoles sobre todo zapatos, macetas y piedras, haciéndola retroceder toda la calle Tribulete, hasta la Plaza de Lavapiés, y expulsándola del barrio por la calle Argumosa, resultado heridos leves tres agentes .
La Asamblea de Vivienda Centro del 15M, el grupo de activistas en el que Argobia participa y que había convocado el Stop Desahucios con la intención de conseguir un aplazamiento mientras trataban de encontrar una solución a su problema de alojamiento, denunció por la tarde en un comunicado que, según ellos, el costo del operativo policial, sumado a las pérdidas de los comerciantes afectados por las restricciones de circulación del mismo, “cubriría con creces el pago de un alquiler hasta que se encontrase una solución habitacional para Antonio”.
Por su parte, la Asociación Nacional de Informadores Gráficos de Prensa y Televisión (ANIGP-TV), reprobó “enérgicamente” en otro comunicado, la detención de los dos fotoperiodistas, exigiendo “su inmediata puesta en libertad” y recordando que “los agentes policiales están obligados a velar por el mantenimiento del orden público, pero sin obstaculizar el trabajo de los informadores, sino facilitándoles su labor para que puedan cumplir con su derecho constitucional a informar veramente a los ciudadanos”.
Los cuatro detenidos, que fueron trasladados a los calabozos de la comisaría Centro de Madrid, en la calle Leganitos, fueron puestos en libertad con cargos -desacato y desobediencia- a las 7 de la tarde.

domingo, 10 de marzo de 2013

"A estos españoles ejemplares no les deshaucian" por Kaos Odio Getafe


El banco aplaza cuatro años la hipoteca de Urdangarin y la infanta Cristina. Deben ya 50.000 euros (100.000 según otras fuentes) y el abogado del duque dice que no pueden pagar porque su cliente está en paro.
El banco que le concedió a los duques de Palma la hipoteca para comprarse su palacete de Pedralbes, que costó 5,8 millones de euros, ha ofrecido a Urdangarin y la infanta Cristina un periodo de carencia de cuatro años ante la imposibilidad de hacer frente a los pagos.
 Prostitución española 
CAPÍTULO II.
 DERECHOS Y LIBERTADES.
 Artículo 14. 
Los españoles son iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
 A ESTA FAMÍLIA NO LOS DESAHUCIAN!


















por Kaos Odio Getafe

El banco aplaza cuatro años la hipoteca de Urdangarin y la infanta Cristina. Deben ya 50.000 euros (100.000 según otras fuentes) y el abogado del duque dice que no pueden pagar porque su cliente está en paro.
El banco que le concedió a los duques de Palma la hipoteca para comprarse su palacete de Pedralbes, que costó 5,8 millones de euros, ha ofrecido a Urdangarin y la infanta Cristina un periodo de carencia de cuatro años ante la imposibilidad de hacer frente a los pagos.
Prostitución española
CAPÍTULO II.
DERECHOS Y LIBERTADES.
Artículo 14.
Los españoles son iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
A ESTA FAMÍLIA NO LOS DESAHUCIAN!
El banco que le concedió a los duques de Palma la hipoteca para comprarse su palacete de Pedralbes, que costó 5,8 millones de euros, ha ofrecido a Urdangarin y la infanta Cristina un periodo de carencia de cuatro años ante la imposibilidad de hacer frente a los pagos.Prostitución española CAPÍTULO II.DERECHOS Y LIBERTADES.Artículo 14. Los españoles son iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.A ESTA FAMÍLIA NO LOS DESAHUCIAN!

jueves, 21 de febrero de 2013

El ayuntamiento de San Sebastián amparará a los policías locales que se nieguen a colaborar en desahucios

El gobierno municipal donostiarra (BILDU) asume desde hoy un protocolo de actuaciones ante los desahucios que penalizará a las entidades financieras que los lleven a cabo, apoyará a los donostiarras que se vean afectados por estas medidas, y amparará a los funcionarios municipales que se nieguen a colaborar con estas medidas.
El protocolo es un listado de medidas que la administración municipal se compromete a llevar a cabo para que no se ejecuten deshaucios en la ciudad. El concejal de Bienestar Social, Jon Albizu, explicó que el Ayuntamiento se pondrá en contacto con la entidad bancaria que inicie un procedimiento de desahucio "para exigir la paralización indefinida" del mismo. La administración municipal "revisará las relaciones económicas, institucionales y de colaboración" con los bancos en función de la actitud que adopten respecto a los desahucios, lo que quiere decir que "priorizará" a futuro las relaciones con las entidades que no realicen desahucios. 
El gobierno municipal exigirá esta actitud "especialmente" a Kutxabank. El Ayuntamiento además informará a la ciudadanía de la actitud que mantenga cada institución financiera respecto a este asunto; "amparará a los trabajadores municipales que rehúsen materializar procedimientos instados desde los tribunales"; ofrecerá asistencia jurídica y asistencia primaria a los donostiarras que se vena afectados por desahucios de su primera  vivienda; y a la hora de ofrecer una solución de urgencia a quienes pierdan su vivienda habitual "el Ayuntamiento tomará como referencia principal el alquiler social".