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jueves, 4 de septiembre de 2014

La Primera denuncia contra Israel por Genocidio en Gaza fue en Argentina


 

Y tanto va el cántaro a la fuente...Tantos crímenes de lesa humanidad cometidos por Israel contra la población de Gaza, entre el 8 de julio pasado y el alto al fuego firmado el martes 26 de agosto, tenían que repercutir también en los estrados federales de Córdoba.
Un grupo de cordobeses radicó una denuncia penal contra cinco autoridades israelitas considerados los máximos responsables de ese tremendo derramamiento de sangre.
La demanda fue redactada por Sergio Ortiz, periodista, presidente de la Comisión de Homenaje a los Desaparecidos y Mártires Populares (Asociación Civil personería 502-A 08), dirigente del Partido de la Liberación (PL). Lo acompañaron con su firma y su presencia en los tribunales Juan José "Toto" López (actor), Mara Santucho (cantante de "Cocineros" y actriz), Gastón Mazzalay (de la Asamblea Malvinas Argentina contra Monsanto), Juan José Giannotti (Agrupación Tupac), Eugenio Talbot Wright (Derechos Humanos, Familiares), Marcos Jaime (PL), Antonio Muñoz (documentalista, "Cuarto Patio"), Enrique Calcagni (Mascuba), Henry Boisrolin (Comité Democrático Haitiano), y Mario Cejas y Carlos González, del Comité de Solidaridad con Palestina de Córdoba. Ellos han participado de las marchas y actos realizados en esa ciudad contra los crímenes cometidos en Gaza. Y ahora añadieron esta denuncia penal en la justicia federal de Córdoba, la primera que se presenta en Argentina.
Ese espectro pluralista tiene un piso en común que es el repudio sin fisuras, nacido desde su sentimiento humanitario, contra el genocidio sufrido por los palestinos.
El título de la presentación es: "Formula denuncia penal por crímenes de lesa humanidad y genocidio contra autoridades del Estado de Israel por crímenes contra la población palestina de la Franja de Gaza". La misma recayó, por el turno de agosto, en la fiscalía de Enrique Senestrari.
Contra cinco
El escrito al que tuvo acceso LA ARENA afirma que se viene a formular denuncia "por la posible comisión de delitos de crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad en el marco de genocidio, contra cinco autoridades de Israel. Alcanza al primer ministro del gobierno israelita, Benjamin Netanyahu; el canciller Avigdor Lieberman, el ministro de Defensa Moshe Yaalon; el jefe del Ejército de Israel, general Benny Gantz, y Moshe Feiglin, vicepresidente del Parlamento israelí e ideólogo del plan de exterminio en Gaza".
Los denunciantes sostienen que los responsables y ejecutores de los crímenes contra la población civil de la Franja de Gaza son muchos más que aquellos, pero entienden que ese quinteto tiene las mayores responsabilidades políticas, institucionales y militares de un genocidio que ofende a la humanidad.
Desde el 8 de julio en adelante, esos gobernantes israelitas ordenaron el inicio de bombardeos aéreos y marítimos, así como el constante tiro de artillería y tanques contra la población civil de la Franja de Gaza. Ese limitado territorio de 362 kilómetros cuadrados es uno de los más poblados del mundo por kilómetro cuadrado, con 1.8 millones de habitantes. Desde el 17 de julio, también invadieron ese territorio con 86.000 soldados fuertemente armados, mientras arreciaban con sus bombardeos. Estiman, basándose en fuentes periodísticas que adjuntaron como el "Anexo" de 15 páginas, que se produjeron más de 5.000 bombardeos contra la pequeña lonja densamente poblada.
Tal concentración de explosivos y misiles, como era obvio, produciría una masacre. Los denunciantes afirman que "en los 50 días de operaciones hubo 2.140 palestinos muertos, entre ellos 570 niños y 11.000 heridos. Según las autoridades de Gaza, las ONG y fuentes de la ONU que también ha sido atacada en el lugar, casi el 80 por ciento de los muertos y víctimas son civiles; muchas mujeres, niños y ancianos. De los agresores fueron abatidos 64 de sus soldados en Gaza y sólo 4 civiles en Israel". Son números muy elocuentes sobre la total asimetría entre el invasor y quienes se defendían de esa agresión.
Que Israel pague
Los bombardeos han sido devastadores para la población de Gaza y también para su infraestructura. Insistiendo en el tema humanitario, la denuncia de Córdoba hace hincapié en las muertes de 570 niños y cita a una funcionaria de una ONG en Gaza. Ella dijo que esas bajas infantiles eran, en proporción de población, como si en Estados Unidos hubieran sido asesinados 200.000 niños.
El escrito que ya está en poder del fiscal Senestrari afirma que "a esa contabilidad del horror hay que agregar que 17.200 viviendas y edificios han sido derribados por las bombas y misiles, más otras 38.000 viviendas severamente dañadas. Ni siquiera han respetado los edificios pertenecientes a las Naciones Unidas y su agencia para la protección de los palestinos (Unrwa). Seis de sus escuelas y refugios fueron atacados, pese a estar bajo ese pabellón internacional que se respeta en los más encarnizados combates alrededor del mundo. Claro que lo de Gaza es un genocidio; ni la ONU tiene protección. Entre 250.000 y hasta 450.000 personas, según los distintos momentos de la barbarie, han debido irse de sus casas. Si no fueron asesinados o heridos en el camino, en el regreso a sus domicilios habrán contemplado espantados que éstos ya no existen. Sólo son un montón de escombros, debajo de los cuales aún buscan familiares y vecinos asesinados por las bombas. Más de 100.000 personas se quedaron sin hogar".
La parte de la destrucción en infraestructura también superó las macabras campañas anteriores, de "Plomo Fundido" (2008-2009) y "Pilar Defensivo" (2012). La actual, "Borde Protector" es la más destructiva en todos los órdenes.
En la parte final de su escrito se reclaman acciones judiciales para que haya juicio y condena al quinteto, pero también al Estado de Israel para que pague por la destrucción causada. Según el gobierno palestino esa devastación implicará 6.000 millones de dólares o 4.500 millones de euros. Debería pagarlos Israel, sostienen los cordobeses, quienes además reclaman que ese Estado abone indemnizaciones a las familias palestinas devastadas.
En Argentina, también se puede
¿Se pueden denunciar aquí crímenes de lesa humanidad cometidos en otros países? Para los firmantes cordobeses sí se puede. Afirman: "aunque tales delitos no se cometieron ni cometen en territorio argentino, por su condición de delitos de lesa humanidad y parte de un genocidio, importan crímenes de los perseguidos por la justicia universal. Y la legislación argentina y la propia Constitución Nacional en su artículo 118, así como casos prácticos en los que ya ha entendido la justicia argentina -verbigracia la investigación de los crímenes del franquismo en España y los de la dictadura de Alfredo Stroessner en Paraguay- ameritan la validez de la presente denuncia".
Recuerdan que en 1996 el fiscal español Carlos Castresana promovió denuncia contra los crímenes de la dictadura militar-cívica argentina. Y el juez Baltasar Garzón se declaró competente, impulsando denuncias, tomando declaraciones a sobrevivientes y promoviendo extradiciones de genocidas argentinos (el marino Adolfo Scilingo cumple prisión en España por su participación en los "vuelos de la muerte").
Citan un antecedente cercano y valioso: Carlos Slepoy, abogado argentino exiliado en España y querellante en juicios por DDHH, logró en abril de 2010 que el juzgado de Servini de Cubría se declarara competente por dos fusilamientos de alcaldes republicanos en 1936.
El escrito solicitó al fiscal Senestrari:
"- Que se abra una causa penal por la posible comisión de crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad, en ocasión de cometer genocidio contra la población palestina de Gaza, a las siguientes autoridades del Estado de Israel: primer ministro, Netanyahu; canciller, Lieberman; ministro de Defensa, Yaalon; Jefe del Ejército, general Gantz, y vicepresidente del Parlamento e ideólogo del plan de exterminio, Feiglin.
- Que se pida la urgente captura internacional del quinteto mencionado, librando los pedidos correspondientes a Interpol.
- Que se llegue a un juicio y se pueda condenar a los cinco mayores responsables del genocidio contra Gaza y se sancione a Israel a abonar las reconstrucciones de lo destruido en lo material y las indemnizaciones a los familiares de los miles de palestinos asesinados y heridos".
La presentación fue hecha antes del mediodía del viernes, en el cuarto piso de Tribunales Federales, donde tiene su despacho el fiscal Senestrari. Osvaldo Ruiz, fotógrafo de Hoy Día Córdoba y Electrum, tuvo a cargo documentar en imágenes esta actividad.
El funcionario judicial recibió a una delegación de cuatro firmantes (Ortiz, Santucho, Cejas y Muñoz), quienes le hicieron una síntesis de la denuncia penal. Al salir informaron a los otros denunciantes y a los medios que Senestrari, además de recibirlos, les había expresado su simpatía con el pueblo de Gaza y criticado los crímenes sufridos por esa gente. El fiscal se comprometió a estudiar la denuncia para ver si procesalmente él puede intervenir, lo que fue valorado muy positivamente por los denunciantes, muy alentados en las redes sociales. 
Fuente: Emilion Marín, La Arena - Argentina

viernes, 1 de agosto de 2014

Un juez investiga a Correos por el trato a dos carteras embarazadas





El Juzgado de Instrucción número 3 de Parla (Madrid) está investigando el trato de Correos a dos empleadas que sufrieron un aborto mientras estaban en su puesto de trabajo. Según la denuncia presentada ante la Fiscalía de Siniestralidad Laboral, las dos carteras habían pedido a sus jefes cambiar temporalmente de puesto para evitar las tareas del reparto y la carga de peso, pero la empresa se lo denegó. El juzgado ha llamado a declarar a las mujeres y ha abierto diligencias por un presunto delito contra la seguridad en el trabajo.
Los dos abortos de empleadas de la oficina de Parla ocurrieron con un año de diferencia: el primero en noviembre de 2011 y el segundo, en el mismo mes de 2012. En el primer caso, la mujer era trabajadora eventual de Correos, estaba en las primeras semanas del embarazo y había presentado un informe médico que advertía de que su embarazo era de riesgo porque venía precedido de un aborto anterior. En el segundo, se trata de una empleada fija en avanzado estado de gestación que también había comunicado por escrito su estado.
“Estas dos trabajadoras salieron a repartir bajo la amenaza del jefe de unidad de que de no ser así informaría a sus superiores para que le aplicaran el régimen disciplinario por el incumplimiento de tales órdenes”, sostiene la denuncia presentada por el sindicato CGT.
La Fiscalía de Getafe ha estudiado el caso y lo ha trasladado a los Juzgados de Parla. Según fuentes judiciales, el Juzgado ha centrado su investigación en un supuesto delito contra la seguridad en el trabajo, contemplado en los artículos 316 y 317 del Código Penal, que castiga con penas de prisión de entre seis meses y tres años las infracciones en las normas de prevención de riesgos laborales que pongan en peligro la vida o la salud de los trabajadores. La denuncia señala a diez jefes de Correos, entre ellos, el director de Recursos Humanos, Luis Pérez Capitán; el director de la Subdirección de Promoción de la Salud, Antonio Díaz Ruiz; y el jefe de los Servicios Médicos, Manuel Alirangues Santos. Los otros siete denunciados son jefes de la Zona IV, en la que se integran las oficinas de Madrid, y los responsables del centro de Parla.
El juez ha pedido varios informes sobre el caso, el más importante, según fuentes judiciales, uno solicitado al Ministerio de Empleo a petición de la fiscalía. En función de sus resultados decidirá si imputa a alguno de los denunciados. Según el escrito del sindicato, las dos trabajadoras fueron obligadas a repartir la correspondencia en la calle sin tener en cuenta si la ruta asignada y el peso que tenían que llevar implicaba un riesgo añadido para su embarazo.
La denuncia expone que la empresa “ordenó” a una de las mujeres a repartir correo certificado, “lo que implicó un grave riesgo ya que tuvo que deambular más que ningún trabajador del centro, teniendo no solo que repartir una zona, sino varias”. A la otra, además de repartir, le instaron a clasificar todo el correo que entrara en su sección, lo que le obligó a “una mayor manipulación de cargas” y a realizar más desplazamientos.
A los dos casos que investiga el juez se suman al menos otras cuatro denuncias presentadas en los dos últimos años ante la Inspección de Trabajo por el trato de Correos a trabajadoras embarazadas. Todas explican casos similares en los que los jefes han puesto trabas o han rechazado cambiar a un puesto más sedentario a carteras embarazadas que habían pedido no salir a repartir en la calle.
Los problemas, según el sindicato CGT, que se ha encargado de presentar las denuncias, empezaron tras la entrada en vigor, a finales de 2011, de un protocolo que supuestamente se hizo para proteger a las mujeres embarazadas. Sin embargo, en opinión del sindicato y de las mujeres que han denunciado su caso, en la práctica el protocolo tiene el efecto contrario: mientras que antes a las trabajadoras embarazadas que lo solicitaban les facilitaban siempre un puesto en un centro de clasificación o le adjudicaban tareas de oficina, las pautas fijadas ahora no contemplan ningún cambio antes de la semana 18 de gestación, tan solo la prohibición de hacer reparto en moto y de realizar carga y descarga en el muelle. A partir de la semana 18, las embarazadas quedan eximidas de algunas tareas, pero, según las afectadas, estas directrices son poco compatibles con el trabajo diario.
Correos tiene constancia de estas denuncias, pero asegura que su protocolo para embarazadas es “aún más proteccionista” que las pautas que establece la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia. Una empleada de una oficina de Madrid que dio a luz a su hija hace 20 días y que prefiere permanecer en el anonimato asegura, sin embargo, que las restricciones del protocolo son “impracticables”. “Te dice que por cada hora de pie pases media sentada. ¿Dónde? ¿En un banco? ¿Y si no hay? ¿Y si llueve? A partir de la semana 22 te dicen que no arrastres más de ocho kilos, y solo la puerta de algunos portales ya pesa más. Más subir pisos sin ascensor o las escaleras que suele haber antes de todos los buzones”, se queja la mujer, que ha presentado una denuncia ante la Inspección de Trabajo porque la empresa solo le eximió de usar la moto y le cambió a una ruta de reparto a pie. “He tenido un embarazo buenísimo, sin vómitos ni náuseas en los primeros meses, pero no siempre es así y no te dan opción”, cuenta la mujer. A medida que el embarazo fue avanzando empezó a padecer dolores en la espalda cuando llevaba varias horas de trabajo. “Le pedí a mi jefe que me buscara otro puesto y me dijo que no. Que si no podía trabajar, me cogiera una baja por enfermedad común, lo cual no me parecía lógico porque hay trabajo que podía hacer perfectamente y con la baja yo pierdo dinero y la asume la Seguridad Social en vez de la mutua, no tiene sentido”, sostiene. Cuando estaba de siete meses, claudicó y pidió la baja.

En esta tesitura teme que se va a ver en breve Raquel (nombre ficticio), embarazada de 19 semanas y ejerce como cartera rural. “Hoy estoy matada. Hacía mucho calor. He estado repartiendo desde las 9.30 hasta las 14.15, tengo los pies bastante hinchados”, cuenta por teléfono tras acabar su ruta, que incluye 32 portales de tres plantas sin ascensor y una zona de casas bajas sin buzones donde tiene que agacharse para meter las cartas por debajo de cada puerta. “Por ahora puedo, pero llegará un momento en que no”.
Raquel teme sobre todo el mes de septiembre, cuando le han dicho que le tocará cubrir las vacaciones de un compañero cuyo trabajo incluye ir cada día a otro pueblo en furgoneta, cargar la mercancía y descargarla en otra localidad. “Les dije que para entonces estaría ya de seis meses y medio y que no creía que pudiese hacer esa tarea, pero no me dijeron nada”, señala. Después de que el sindicato CGT pidiera información sobre su caso, un delegado de Prevención de Riesgos Laborales le acompaño hace unas semanas en la ruta. “Tengo difícil cambiar de puesto porque en el pueblo no hay opción. Me gustaría saber qué ha dicho el médico y la empresa. Y si veo que no puedo hacer mi trabajo, que me digan que no pueden adaptarme el puesto y me den la baja a cargo de la mutua, no de la Seguridad Social”, argumenta esta trabajadora.
El protocolo de la empresa establece que, al margen de las pautas generales, siempre hay que analizar “de forma individualizada” cada caso, un aspecto clave pero que en muchas ocasiones, según las afectadas, no se cumple. Así lo dictaminó también la Inspección de Trabajo en respuesta a la denuncia de Sara Formento, una empleada que se quejó de que la empresa le ordenó seguir repartiendo sin conocer los riesgos. La inspección hizo un requerimiento a Correos y le ordenó evaluar “de forma individualizada y actualizada su puesto de trabajo”. “No miran si tienes más o menos escaleras, no hay distinciones si llueve o hace mucho calor”, explica Sara. Ella es hija de la secretaria general del sindicato federal de Correos en CGT y cree que esta circunstancia ayudó para que, en su caso, acabaran ofreciéndole un puesto de interior. “En mi oficina éramos tres embarazadas a la vez y a todas nos cambiaron y nos trataron fenomenal, pero sé que no siempre es así. Hay mujeres por toda España que no saben a quién pedir ayuda”, asegura.
Con esta opinión coincide Violeta Figueruelo, delegada de personal de CGT en una oficina de Madrid. Su caso también llegó en 2012 a la Inspección de Trabajo después de que, tras comunicar su embarazo, la empresa le eximiera de ir en moto pero le ordenara hacer la misma ruta a pie. Ante la falta de alternativas, acordó con CGT dejar el reparto y liberarse con labores sindicales. “Pero las demás no tienen esa opción, están vendidas a que le toque un jefe con más o menos sensibilidad”, asegura.