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viernes, 11 de enero de 2013

"¿Hay alternativa en Leganés?" por Izquierda Anticapitalista de Leganés



por Izquierda Anticapitalista de Leganés:


La situación a la que tiene sometida a la población la política generalizada de recortes antisociales de los distintos gobiernos del PP se hace cada vez más insostenible. Su objetivo general es evidente: desmantelar los servicios públicos para engordar la cartera de negocio de los grupos económicos privilegiados a los que sirven. Mientras, el desempleo no deja de aumentar. Con más de 19.000 parados y paradas en nuestra ciudad, esta subida del paro se utiliza para hacer bajar los salarios y que así la factura de la crisis la pague la clase trabajadora. Es intolerable.
Tras un 2012 plagado de recortes, comenzamos 2013 con el intento de provocar 39 despidos en el Ayuntamiento de Leganés. Despidos dirigidos contra personal interino, el más vulnerable del sector, y que debería haber sido consolidado para no tener plantillas divididas en cuanto a derechos. Despidos provocados por un equipo de gobierno de extrema derecha, para el que los derechos son “privilegios” y que utiliza métodos mafiosos para aplicar sus políticas. Además, amenaza con más despedidos tras estas 39 personas a las que pretende dejar en una situación muy difícil. Es la gota que colma el vaso.
Sin embargo, el gobierno municipal que emplea estos métodos y que aplica estas políticas (despidos, fin de ayudas sociales, cierre de servicios sociales, subida de tasas, regalo de bienes públicos a sus “amigos”, enchufe de decenas de asesores y cargos “de confianza” con sueldazos, etc.) está en absoluta minoría. No obtuvo la mayoría absoluta en las últimas elecciones, y ni mucho menos la obtendría de celebrarse en estos momentos. Gobierna haciendo caso omiso al Pleno Municipal, el mismo órgano que ha aprobado ya dos veces la dimisión del alcalde, Jesús Gómez, conocido como el 4 sueldos”, por los más de 110.000 euros que cobra cada año de 4 salarios sacados directamente de dinero público. Para estos “liberales” su rabia contra los funcionarios y el sector público se acaba a la hora de cobrar.
Así llegamos al 2013, con despidos y sin haberse aprobado aún los presupuestos municipales para el nuevo año. Ante esta situación, dos de los partidos de la oposición, responsables del gobierno local durante los 14 años anteriores (PSOE e IU), publicaron una propuesta de presupuestos alternativos para 2013.
Aunque la recuperación de diversas ayudas sociales y el mantenimiento del empleo municipal supondrían un claro avance que apoyamos, la orientación general de la propuesta es claramente insuficiente. El mero mantenimiento de las partidas sociales solo supondría un parche. El Ayuntamiento tiene recursos suficientes para aumentar esas partidas, pero es imposible hacerlo si se mantienen políticas como las realizadas hasta 2011. Solo en la anterior legislatura, se tomaron medidas como la privatización de la Escuela de Música, la privatización de escuelas infantiles, el aumento desmedido de “cargos de confianza”, la contratación de un coche oficial de lujo para la alcaldía valorado en 81.000 euros o la negativa y desidia para aplicar la Ley de Memoria Histórica.
En la propuesta de presupuestos alternativos que realizan PSOE e IU podemos leer como ejes los siguientes:
  • Mantenimiento en las empresas de servicios públicos (Limpieza Viaria, RSU, limpieza de colegios, Parques y Jardines, centros municipales)”. Estas son las famosascontratas. Contratas que gestionan servicios públicos privatizados. Contratas vinculadas a las grandes empresas de la construcción, responsables de la burbuja inmobiliaria, y que buscan hacer negocio de las necesidades sociales.Contratas que salen más caras que una gestión 100% pública. Contratas que dividen a trabajadores que realizan la misma tarea en empresas diferentes, y que someten a los trabajadores a condiciones indignas con salarios bajos y escasos derechos.
Estos servicios deberían ser remunicipalizados, cancelando los pagos a empresas como Urbaser (propiedad de ACS, el grupo de Florentino Pérez), e integrando a sus plantillas en el Ayuntamiento en igualdad de condiciones con el resto de empleados públicos.
  • Se propone la congelación y el fraccionamiento en el pago de todas las tasas e impuestos municipales, incluyendo en estos desde los de Actividades Económicas y Basura Industrial hasta el IBI. Si hay que aumentar los presupuestos sociales en base a mayores ingresos, ¿qué sentido tiene hacer tabla rasa de todos los tributos locales?, ¿por qué hay que congelar esos impuestos a los empresarios en igualdad de condiciones que los que pagan en su inmensa mayoría las familias trabajadoras? La revisión de la política fiscal se debe hacer bajo criterios de progresividad. Que pague más quien más tiene.
En este sentido, es necesario compensar la subida del IBI a familias con bajos ingresos mediante subvención, pero no congelar ni fraccionar impuestos como el IAE o la Basura Industrial, sino adaptarlo a la facturación de las empresas implicadas, consiguiendo mayores ingresos. Además, habría que reforzar los equipos dedicados a la recaudación, para hacerla realmente efectiva y justa, para lo que habría que proceder inmediatamente a la municipalización del Servicio de Recaudación Ejecutiva, entregado como tantos otros servicios a una gestión privada ineficaz (700.000€ de coste para una recaudación de 3.000€ en 2011). Una política de izquierdas, como mínimo, no se basa en bajar impuestos bajo el prisma neoliberal de que así se mejorará la situación, sino en estimular la demanda mediante mayores ingresos fiscales que generen inversión pública y creación de empleo.
  • Respecto al gravísimo problema de los desahucios, se propone que “el sujeto pasivo en las plusvalías, consecuencia de una ejecución de embargo o dación de pago de la vivienda habitual, sea los bancos o cajas y no, como en la actualidad, el desahuciado. Al menos hasta que exista una modificación en las leyes, tal y como se ha anunciado por el Gobierno de España, una modificación que sea consensuada y debatida y que esperemos, acabe definitivamente con el problema en lugar de aplazarlo.
Tener esperanzas en que la modificación legal que negociaban PSOE y PP a nivel estatal, y que al final impuso éste último, iba a solucionar el problema, habla por sí solo; pero respecto al cambio en el sujeto pasivo, es otro parche, que no se dirige, con las herramientas del Ayuntamiento, a atajar el problema en su raíz: retirar todos los recursos de entidades que ejecuten desahucios como medida de presión, y una política de fomento de alquiler público a precios que no superen el 20% del salario, que sí serían medidas efectivas a la altura de la naturaleza del problema existente.
Además, es más necesario que nunca crear una verdadera Comisión sobre Desahucios, con implicación del Ayuntamiento, los movimientos sociales como la PAH y las Asociaciones de Vecinos, competencias vinculantes, información suficiente y funcionamiento estable y regular, tras el fracaso de la que se creó y que fue ninguneada por el gobierno municipal actual.
  • Una de las cuestiones que brillan por su ausencia en la propuesta es lareducción de gastos superfluos como dietas, campañas publicitarias, salarios que superan con creces la media salarial de los trabajadores, o la profusión de “cargos de confianza” y asesores: figuras que fomentan la profesionalización de la políticarealizando labores para las que ya existen técnicos municipales cualificados y que deberían limitarse hasta el mínimo imprescindible para garantizar la acción política del gobierno municipal.
También brilla por su ausencia una propuesta seria de presupuestos participativos, más allá del mantenimiento de la exigua partida actual, y en la que se decidiese sobre cuestiones de especial trascendencia, como el modelo de urbanismo que se propone o la elección de una inversión pública de gran importancia.
Asimismo no se dice una sola palabra de la aplicación del artículo 15 de la Ley de Memoria Histórica en nuestra ciudad, incluso cuando PSOE e IU llegaron a un acuerdo con las entidades sociales en la pasada legislatura para acabar con el vergonzoso homenaje que hacen varias calles y plazas de la ciudad a militares golpistas y responsables del genocidio y la dictadura franquistas.
  • Respecto a la creación de empleo, se apuesta por una de las herramientas que más ha demostrado su ineficacia al estallar la actual crisis: el pacto social. Se considera positivo por el mero hecho de ser un pacto, sin analizar contenidos ni la desigualdad de condiciones entre quienes lo firman, que no es producto de ninguna movilización, sino de la mera voluntad de firmar, lo que en un contexto como el actual, siempre acaba desembocando en más recortes. “Acuerdo con Sindicatos y Empresarios en un Pacto por el Empleo.”, afirma el texto. Acuerdos de este tipo se han firmado muchos en los últimos años, a todos los niveles. Sus resultados están a la vista. Es la lógica de la gestión de lo existente, la opuesta a la transformación social, la que acaba generando derrotas como las que llevan a la extrema derecha al poder. La izquierda debe tomar el poder para transformar la sociedad, no transformarse para ser tomada por el poder.
Desde un Ayuntamiento al servicio de la mayoría social, los 39 despedidos deberían serreadmitidos inmediatamente, consolidando a todo el empleo interino existente.  Recuperando los servicios privatizados y aumentando los ingresos, se debería proceder a la generación de empleos públicos consolidados, con derechos y salarios dignos. Ese debería ser el principal objetivo, sin olvidar el fomento de ayudas sociales a personas en situación de desempleo que vayan más allá de la recuperación de los 400 € para familias sin ningún tipo de ingreso que propone el documento.
La propuesta de presupuestos llega tarde, muy tarde, porque no hace autocrítica de por qué esas políticas, vigentes hasta 2011, fueron estrepitosamente derrotadas ese año en las urnas. La propuesta es poco creíble porque no explica, como en un contexto como el que vive el capitalismo actualmente, va a ser capaz de generar una política diferente a la neoliberal sin ser rebelde a los recortes impuestos por otras administraciones, como la autonómica o a la estatal. ¿Aplicarán los recortes por imperativo legal, como están haciendo PSOE e IU en Andalucía? Lo que nos preguntamos es, ¿la alternativa pasa por volver a 2011? ¿Es creíble que quien ha privatizado va a recuperar derechos?
Es evidente que Leganés necesita un cambio de gobierno de forma urgente. No se puede tolerar ni un minuto más que la extrema derecha de Jesús Gómez siga destruyendo nuestra ciudad. Y para ello, PSOE, ULEG e IU deben votar inmediatamente una moción de censura que desaloje del poder a quien lo utiliza para beneficiar a una minoría causando enormes daños a la sociedad.Pero ofrecer la vieja receta fracasada en 2011 es la constatación de que no se ha hecho autocrítica alguna y que el objetivo es repetir nuevamente un fracaso. Una izquierda consecuente votaría la moción de censura para desalojar a la extrema derecha del gobierno y pasaría inmediatamente a la oposición, reivindicando un giro total en las políticas realizadas hasta ahora en el Ayuntamiento al gobierno en minoría que se formase.
Al anunciarse los despidos contra los trabajadores municipales interinos, ULEG se ofreció al frente de la alcaldía en una moción de censura, que para que salga adelante, debe contar con el voto favorable de PSOE e IU. El PSOE, rehén del ex alcalde Rafael Gómez Montoya, y ULEG, están retrasando la aprobación de la moción de censura, a sabiendas de que harían alcalde a un enemigo político, y también a sabiendas de que si no lo hacen serán responsables de mantener dos años más como cacique recortador a Jesús Gómez y su pléyade de enchufados (la mitad de los cuales ni siquiera es vecino o vecina de Leganés). Tanto PSOE como ULEG están demostrando que no solo son incapaces de ofrecer una alternativa programática a la mayoría social de Leganés, sino que son un obstáculo al propio cambio de gobierno en la ciudad, y al freno de los problemas inmediatos que sufrimos, como los recortes y los despidos.
Lo que en cualquier caso sería inaceptable es un mero cambio de persona en la alcaldía, manteniendo la política antisocial llevada a cabo hasta ahora, incluyendo los despidos de trabajadores municipales. El problema de fondo no es de personas, sino de políticas. Estas no cambiarán en ningún caso si la extrema derecha sigue destruyendo Leganés desde el gobierno local.
Consideramos, por lo tanto, que es urgente construir una alternativa de izquierdas en Leganés. Una herramienta que sea:
  • Portavoz en las instituciones de las luchas y las necesidades sociales.
  • Organizada de forma asamblearia y democrática.
  • Formada por activistas de todos los movimientos sociales, del movimiento obrero, del asociacionismo vecinal.
  • Sin políticos profesionales y con rotatividad en los cargos electos.
  • Rebelde e insumisa ante los recortes, vengan de donde vengan.
  • Programáticamente de izquierdas: luchando por remunicipalizar todos los servicios privatizados, mantener todos los puestos de trabajo, generar empleo público, tener una fiscalidad justa y progresiva, recuperar y ampliar las ayudas sociales, construir viviendas sociales a precios asequibles, fomentar el alquiler social, realizar unos presupuestos participativos en cuestiones fundamentales como el urbanismo, etc.
Tenemos la voluntad suficiente para ser una parte más de esa alternativa, junto a todas y todos los que quieran construirla desde el principio con nosotros y nosotras. Es el momento de empezar.
Leganés, enero de 2013.
IZQUIERDA ANTICAPITALISTA-LEGANÉS

jueves, 10 de enero de 2013

A las Sicavs ni las tocan, al resto nos siguen machacando


    Las conocidas como S.I.C.A.V.S., (o sea un híbrido de inversión a caballo entre una sociedad anónima y un fondo de inversión con la particularidad de que tributa al 1% en el Impuesto de Sociedades.) siguen a lo suyo. Dijeron que les iban a aumentar lo que tributaban pero siguen tributando el 1%. O sea no se las toca, como son las de los ricos...
    A las  grandes  empresas que tributan el 5% tampcoo se las toca. A los defraudores, que tienen enfadados a los propios inspectores de Hacienda, amnistía (se les perdona casi todo, "¿Habéis sido malos? ¡Venga no pasa nada, volver con el dinero al país!").
    A los políticos corruptos (que se cuentan por decenas...) presunción de inocencia y a seguir cobrando mientras se dilucida si "han sido malos o no". No se habla de cortar privilegios injustificables de políticos y banqueros fracasados, pero sí de más recortes a los más débiles.
    ¿Así vais a solucionar el país? ¿Germinando ese desprecio y ese malestar en la mayoría de la población obrera, parada, jubilada y estudiante? ¿No se os cae la cara de vergüenza? A nosotros sí...

martes, 8 de enero de 2013

El paso a la gestión privada de seis hospitales madrileños supondrá un sobrecoste de 118 M. al año, según los médicos





La Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM) y el sindicato de funcionarios CSIT prevén, según los datos disponibles de población e inversión en estos centros hospitalarios, un aumento del coste que supone la gestión de los servicios sanitarios en los seis centros privatizados.

La Comunidad de Madrid anunció la semana pasada que seis hospitales pasarán a estar gestionados por empresas privadas a lo largo de este año. En un clima de conflicto entre Gobierno regional y personal sanitario, surgen todo tipo de dudas sobre qué ocurrirá con los hospitales del Sureste (Arganda), Infanta Cristina (Parla), del Tajo (Aranjuez), Infanta Sofía (San Sebastián de los Reyes), Infanta Leonor (Vallecas) y del Henares (Coslada).

Por el momento, la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM) y el sindicato de funcionarios CSIT prevén, según los datos disponibles de población e inversión en estos centros hospitalarios, un aumento del coste que supone la gestión de los servicios sanitarios en los seis centros afectados bastante significativo para las cuentas públicas.

La siguiente tabla, elaborada con datos de AFEM, muestra la diferencia entre el gasto por paciente (denominado cápita) en 2012 para cada uno de los seis centros y la cantidad que recibirá la empresa gestora por hacerse cargo de estos hospitales. Exceptuando el caso del Hospital del Tajo, que supera en un 80% la cantidad establecida para la concesión de los servicios hospitalarios a las empresas privadas, todos los centros están por debajo de ese gasto por paciente.
Euros por habitante (cápita)

Hospital del Tajo
621

Infanta Cristina
365

Hospital del Henares
433

Infanta Leonor
300

Hospital Sureste
317

Infanta Sofía
388

Cantidad que recibirá la empresa gestora
441


Teniendo en cuenta que estos centros prestan servicio a 1,26 millones de habitantes, la Comunidad gastará cada año 118 millones de euros más con este cambio de modelo, según datos proporcionados por AFEM. "Somos más rentables gestionados de forma pública", indica un portavoz de la Plataforma de Trabajadores y Usuarios del Hospital Infanta Cristina. Asimismo, indica que "no hay datos que demuestren que la gestión privada sea más eficiente", por lo que considera que la decisión de la Comunidad de Madrid de entregar la concesión de los servicios sanitarios a empresas privadas (el resto, como mantenimiento y cafetería, ya estaban bajo este modelo) no responde a un criterio de ahorro económico.

Desde la Plataforma de Trabajadores y Usuarios indican, además, que las instalaciones tampoco son propiedad de la Comunidad de Madrid, que debe pagar un canon de arrendamiento a las constructoras durante 30 años desde la apertura de estos hospitales.

Un plan aún por definir

Este cambio en el modelo de gestión deberá concretarse durante la primera mitad de 2013. Según ha explicado Jesús González, secretario del Área de Sanidad de CSIT, a Vozpópuli, echando un vistazo a los presupuestos se puede deducir que estos hospitales comenzarán a funcionar con el modelo de gestión privada en septiembre, ya que sólo está presupuestado hasta el verano. Para que esto fuera posible, el concurso de adjudicación tendría que salir "este mes o el que viene" y comunicar el cese del personal que no vaya a continuar, como muy tarde, durante el mes de agosto. Sin embargo, "aún no hay ningún calendario" ni se han puesto fechas desde la Consejería de Sanidad.

Precisamente uno de los grandes interrogantes es el personal de los centros afectados. Todos los profesionals que trabajan en estos seis hospitales son trabajadores de la Comunidad de Madrid. Al entrar una empresa externa, colocaría a sus propios trabajadores. ¿Qué pasará entonces con todo el personal sanitario? "Si fueran personal laboral, pasarían a la empresa privada en las mismas condiciones", indica González, pero en el caso de estos hospitales no hay personal laboral. Por su parte, los trabajadores eventuales e interinos deberán abandonar su puesto pero, ¿y los fijos?

"No hay ningún tipo de información de qué va a ocurrir con el personal fijo", indican desde la Plataforma del Infanta Cristina. "Este plan está completamente cogido con pinzas", agregan. En CSIT hay algo más de información: "la empresa privada les hará una oferta. Si rechazan la oferta de la empresa privada, la Comunidad de Madrid los tiene que recolocar en otros centros". Esta última opción provocaría un "efecto dominó", ya que la necesidad de buscar plazas para estos profesionales encadenaría "despidos de interinos en otros centros".

En un proyecto con tan poca información, las mayores quejas vienen precisamente de la falta de datos por parte de la Comunidad de Madrid. "No han presentado datos económicos, no dan las cuentas y no están cogiendo para el cálculo la cápita que se hace normalmente", denuncia González. "No han demostrado que la opción actual sea más cara", agrega, sino que hay un problema de "mala gestión por parte de los políticos".

Con todos los detalles aún por definir, los hospitales y centros de salud de la región continúan con sus protestas, la más cercana convocada para este lunes. Pese a haber desconvocado la huelga indefinida, los profesionales sanitarios han avisado de que continuarán las movilizaciones.

http://www.vozpopuli.com/nacional/19506-el-paso-a-la-gestion-privada-de-seis-hospitales-madrilenos-supondra-un-sobrecoste-de-118-m-al-ano-segun-los-medicos