Una sociedad que desmantela sus servicios públicos es una sociedad que camina hacia la barbarie.
Es la existencia de unos servicios públicos gratuitos, universales y de calidad lo que garantiza que las necesidades más básicas de la población no se vean sometidas a los imperativos y caprichos del mercado. Su privatización, por el contrario, promueve que derechos ciudadanos de crucial importancia (educación, sanidad, vivienda, etcétera), pasen a ser una mercancía sólo al alcance de quienes puedan pagar por ella. La mercantilización de espacios crecientes de nuestras vidas no hace más que profundizar la enorme brecha económica y social que caracteriza a nuestras sociedades, negando la posibilidad de llevar una vida digna a grupos de población que, actualmente, ante la ofensiva privatizadora en curso y bajo los estragos de la crisis económica, ya no pueden ser considerados minoritarios.
El ataque que el gobierno de Esperanza Aguirre en nuestra Comunidad y el de Gallardón en la capital están llevando a cabo contra los servicios públicos madrileños es implacable. Este gobierno, que ostenta el dudoso privilegio de haber sido pionero -junto con el de la Comunidad Valenciana- en la privatización de nuevos servicios públicos y en la exploración de novedosas fórmulas privatizadoras, sigue avanzando en su ofensiva neoliberal a un ritmo trepidante. Algunos ejemplos recientes son suficientemente significativos de la gravedad de la situación en la Comunidad de Madrid:
El sistema sanitario madrileño, cuya situación ya es de por sí alarmante, no deja de sufrir ataques de envergadura. A la vuelta del verano el gobierno de la Comunidad ha cerrado tres laboratorios públicos que funcionaban perfectamente y en los que se acababan de instalar nuevos equipos. Estos cierres “inexplicables” tienen un objetivo evidente: ahora las muestras a analizar se encargan a un laboratorio privado, aunque para ello sea necesario recorrer, en ocasiones, más de 80 kilómetros. Por otra parte, la Consejería de Sanidad (con el Acuerdo de los sindicatos presentes en la Mesa Sectorial) ha decidido trasladar 380 camas y a 649 trabajadores/as del hospital Clínico a otros siete hospitales, lo cual es el paso previo para “sacar” parte de esas camas y de esos trabajadores/as del sistema público. También han optado, a pesar de la férrea oposición de las asociaciones vecinales del distrito, por que el futuro hospital de la cárcel de Carabanchel sea totalmente privado. Por último, el PP madrileño se dispone a aprobar próximamente en la Asamblea de Madrid la llamada ley de “Libre elección y Área Única”, lo que abrirá de par en par las puertas de la sanidad madrileña a las empresas privadas.
La ofensiva contra nuestro sistema educativo también se ha intensificado en los últimos tiempos. Se está ampliando la concesión de conciertos educativos a organizaciones religiosas cada vez más conservadoras, como los Legionarios de Cristo o Comunión y Liberación. Además, si hasta hace poco se solían concertar unidades ya existentes, ahora se promueve la cesión gratuita de suelo público a este tipo de entidades, para que construyan en él sus colegios de carácter privado y elitista. Es así como en los barrios de nueva creación proliferan los centros privados concertados, quedando los centros públicos en clara desventaja numérica; en ocasiones, cuando los centros privados ya están en funcionamiento no existe todavía ni un solo centro de titularidad pública al cual acudir. Simultáneamente, se va recortando el presupuesto destinado al sistema público, que ve cómo sus condiciones de personal y medios son cada vez más precarias. La actuación del gobierno de Aguirre en la etapa no obligatoria de la educación infantil es particularmente alarmante: primero “solucionan” la falta de plazas potenciando la matriculación en la privada y dando a los padres el “cheque escolar” como presunta ayuda para sufragar los gastos, en vez de vez de construir nuevas escuelas infantiles públicas; pero como buena parte de las escuelas infantiles privadas no cumplen las condiciones mínimas de calidad legalmente establecidas, se aprueba un nuevo decreto que sustituye al 1.014 y en el cual se baja considerablemente esos criterios de calidad: ya no es necesario que las escuelas cuenten con espacios ajardinados, se incrementa el número de niñ@s permitid@s por metro cuadrado, se sube el ratio de niños por cada profesional educativo a cargo, y se reduce la titulación necesaria de maestro a un ciclo formativo de grado medio (lo que además lleva aparejada una notable reducción salarial). A esto hay que añadir que la gestión de las nuevas escuelas infantiles públicas se otorga mediante concursos en los que se priorizan los proyectos más baratos, no los de mejor calidad educativa. Es así como estas escuelas pasan a ser gestionadas por empresas del estilo de Ferrovial o el Corte Inglés.
Ahora el gobierno regional se propone dar un paso que hace poco tiempo hubiera parecido impensable: privatizar el agua. El año pasado anunció el inicio de la privatización del Canal de Isabel II, empresa responsable del abastecimiento de agua de la Comunidad de Madrid, mediante su transformación en una sociedad anónima, así como la venta a particulares del 49 % de las acciones. A nadie se le escapa que la gestión de un recurso natural limitado y escaso como es el agua conlleva actuaciones que no debieran depender de su rentabilidad económica. El hecho de que sea el criterio empresarial el que gestione el ciclo integral del agua en nuestra región pondrá en riesgo aspectos ambientales y sociales de suma importancia. A esto habría que añadir otros casos igualmente escandalosos, como el que Aguirre haya convertido TeleMadrid –según denuncian sus trabajadores-en su coto privado y en instrumento de censura de toda forma de disenso y de intoxicación masiva, poniendo así el canal público al servicio de su política neoliberal y de los intereses de la jerarquía eclesiástica y los sectores más reaccionarios. También es alarmante, por ejemplo, cómo leyes como la Ley de Dependencia promueven que las empresas privadas hagan negocio con las desatendidas necesidades de cuidados de la población dependiente de nuestra región.
Lamentablemente los ejemplos son numerosos y graves. Es por tanto evidente que detener la política privatizadora en la Comunidad de Madrid es una cuestión crucial. La renuncia tanto de la izquierda institucional como de los sindicatos a hacer una verdadera oposición a un gobierno que atenta tan directamente contra los intereses de la población es incomprensible. Valga como ejemplo de esta complicidad tácita el papel que juegan los sindicatos, especialmente en sanidad, actuando de comparsa y apoyando con su firma la mayoría de las agresiones de Esperanza Aguirre.
Desde IA nos comprometemos a trabajar para detener el avance del proyecto privatizador y reaccionario que Esperanza Aguirre tiene para nuestra Comunidad. Esa resistencia sólo puede surgir de la organización desde la base, de la constitución en los barrios y pueblos de plataformas de usuarios y de trabajadores de los servicios públicos, así como del trabajo comprometido de organizaciones sociales y políticas. Se trata de avanzar hacia la formación de un amplio movimiento social que sea capaz de evitar la privatización de los servicios públicos, reclamar la recuperación de aquellos servicios públicos que ya nos han sido expropiados, y reivindicar que éstos respondan no al interés económico de unos pocos, si no a las necesidades sociales de la mayoría.
Izquierda Anticapitalista Madrid
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